La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se expidió este domingo de forma unánime a favor de los amparos presentados por dos organizaciones civiles para que en Capital Federal haya clases presenciales, luego del decreto del Gobierno Nacional que las suspendió por 15 días en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
Así, desde este lunes, el Gobierno porteño está obligado a mantener las escuelas abiertas y el Poder Ejecutivo nacional no puede recusar, por no formar parte del caso. La decisión alcanza a 2359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.
Según detalla La Nación, la decisión la tomaron los jueces de la la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini por unanimidad, quienes consideraron que el DNU firmado por Alberto Fernández vulnera la autonomía porteña. La jueza Nieves Machiavelli había sido recusada por ser la hermana del ministro de Ambiente porteño, Eduardo Machiavelli, pero el planteo fue rechazado.
La fiscal porteña ante esta cámara, Karina Chichero, había dictaminado a favor de los pedidos de dos organizaciones para que no se suspendan las clases. Uno de los amparos fue presentado por la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas y otro por la ONG Abramos las escuelas.
Los jueces argumentaron que en el caso se encuentra “seriamente comprometido el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que implica brindar a las partes y a la sociedad una decisión en tiempo útil que responda sus planteos”
Indicaron además que el artículo N°2 del DNU “vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”. Por eso, el tribunal resolvió “hacer lugar a la queja interpuesta y admitir el recurso de apelación”.
Las autoridades porteñas habían pedido pronto despacho a los tribunales para resolver sobre el tema, mientras crecían las expectativas ante un eventual movimiento de la Corte Suprema, tribunal al que el gobierno porteño acudió con un amparo el jueves pasado.
En ese marco, la Cámara de Apelaciones porteña se declaró competente para intervenir sobre la suspensión de clases en el distrito y ordenó dejar sin efecto una parte del decreto de necesidad y urgencia nacional.
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